Familia e Infancia
La Declaración de Madrid de 2002, afirma que las familias de las personas con discapacidad, en particular de los niños y niñas con discapacidad y de la infancia con discapacidad severa, representan un papel esencial en su educación e inclusión social. Por lo tanto, deben establecerse medidas adecuadas a las necesidades de las familias, que permitan a éstas organizar el apoyo a las personas con discapacidad de la forma más normalizadora.
Pero la protección jurídica, social y económica de la familia, históricamente, no ha sido todo lo intensa y amplia que una institución tan transcendente para la articulación social como es la familiar, precisa. Se está evolucionado hacia la adopción de medidas de todo tipo, con el fin de ir construyendo una auténtica y ambiciosa política de apoyo a la familia, que refuercen su posición y la de sus miembros en el entramado social. En esta renovada política familiar se tiene en cuenta, como factor de atención prioritaria, la concurrencia de situaciones de discapacidad, pues las familias en cuyo seno hay personas con discapacidad necesitan más protección para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de sus miembros.
Desde el movimiento asociativo de la discapacidad que representa CANF-COCEMFE Andalucía, se trabaja para poner de manifiesto la insuficiencia y descoordinación de los servicios existentes, así como el escaso o nulo apoyo a la familia-asistente en el proceso de la discapacidad, una situación que origina a medio plazo problemas añadidos a los derivados de la propia discapacidad. Ejemplo de ello es que en las políticas de familia desarrolladas por los distintos poderes públicos, una de las demandas constantes de CANF-COCEMFE Andalucía es la consideración específica de las familias que tienen a cargo familiares directos en quienes concurre una situación de discapacidad, y más, en el caso de los/as menores.
Estas familias deben situarse en un plano de igualdad, dado que su situación de partida es desfavorecida. Las medidas de acción positiva en favor de las familias, y en especial, de aquellas que tienen a personas con discapacidad en su seno, deben constituir y tener el rango de auténticos derechos, con las notas típicas de universalidad, vinculación para los poderes públicos y calidad en las prestaciones. De ahí, que las familias con miembros con discapacidad necesiten una mayor protección para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, situación que este programa viene a paliar ofreciendo una serie de actuaciones encaminadas a mejorar su bienestar social de forma global.
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